La Agencia Nacional de Ciberseguridad calificó a 915 instituciones públicas y privadas como Operadores de Importancia Vital, en el primer procedimiento de identificación del ecosistema crítico digital definido por la Ley Marco de Ciberseguridad.
El pasado 17 de diciembre, la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) publicó en el Diario Oficial la primera nómina de Operadores de Importancia Vital (OIV), seleccionando en la categoría a 915 instituciones públicas y privadas, de un universo preliminar de 1.712 entidades evaluadas.
La nómina incluye organizaciones de los sectores eléctrico, telecomunicaciones, servicios digitales, banca y medios de pago, salud, empresas públicas y organismos de la Administración del Estado.

Los Operadores de Importancia Vital son aquellas instituciones públicas o privadas que dependen de redes y sistemas informáticos, y que, ante un eventual ciberataque, podrían poner en riesgo la seguridad y el orden público, la prestación continua y regular de un servicio esencial para la ciudadanía, o el normal funcionamiento del Estado.
En este contexto, todas las organizaciones dentro de la lista publicada en el Diario Oficial deben, entre otras obligaciones, designar un delegado de ciberseguridad, contar con programas de capacitación continua, y contar con un sistema de gestión de seguridad de la información y planes de continuidad operacional con componente de ciberseguridad.
Según lo informado por la ANCI, la distribución de los OIV es la siguiente: 147 empresas eléctricas; 29 empresas de telecomunicaciones; 413 empresas de servicios digitales, infraestructura digital y servicios TI; 34 instituciones bancarias y financieras; 114 prestadores de salud; 20 empresas públicas; y 158 organismos de la Administración del Estado.
En un comunicado compartido en el sitio web de la ANCI, su director nacional, Daniel Álvarez Valenzuela, señaló que la publicación de esta nómina constituye un hito transcendental de la implementación de la Ley Marco de Ciberseguridad y en la identificación del ecosistema crítico de la ciberseguridad en Chile, integrado por instituciones públicas y privadas, que se relacionan y dependen entre sí.
“Durante el proceso conocimos el nivel de madurez y desafíos en materias de ciberseguridad de cada sector, a través de las voces de las propias instituciones, los gremios que los agrupan, sus reguladores y la ciudadanía, lo que nos permitió identificar los proveedores de servicios esenciales que juegan un rol más crítico para el funcionamiento y seguridad digital del país”, señaló.
Cabe destacar que la ANCI ya inició la segunda etapa de este procedimiento de calificación correspondiente al resto de los sectores, entre los cuales se cuenta el sector sanitario, transporte, farmacéutico, seguridad social, entre otros.