El almacenamiento de información en la nube y el uso de plataformas internacionales plantean nuevos desafíos de soberanía digital para las organizaciones. Con la futura entrada en vigencia de la nueva Ley de Protección de Datos Personales en Chile, conocer dónde se aloja la información, quién puede acceder a ella y qué legislación la protege será cada vez más relevante.
Cada vez que una persona realiza una compra por internet, utiliza una aplicación bancaria o agenda una hora médica, entrega información personal a una empresa. Sin embargo, pocas veces se pregunta dónde queda almacenada esa información, quién puede acceder a ella o bajo qué legislación está protegida.
En un escenario donde las organizaciones utilizan servicios en la nube y proveedores tecnológicos que operan en distintos países, estas preguntas adquieren una importancia creciente. De hecho, un estudio global de BARC de 2026 identificó que el 51% de las empresas encuestadas considera muy importante la soberanía de los datos, frente al 42% registrado en 2025.
Para SoftwareOne la soberanía digital no consiste únicamente en mantener los datos dentro de las fronteras de un país. Implica tener visibilidad y control sobre ellos durante todo su ciclo de vida: conocer dónde están almacenados, quién puede acceder, qué legislación aplica, cómo se protegen y de qué manera pueden recuperarse o trasladarse cuando sea necesario.
Un aspecto que suele generar confusión es que la ubicación física de los datos no determina por sí sola qué legislación puede aplicarse. Por ejemplo, una empresa puede contratar un servicio cloud con centros de datos en Chile, pero el proveedor que administra esa infraestructura puede estar sujeto a leyes de otro país. También pueden intervenir empresas subcontratadas cuyos equipos de soporte operan desde el extranjero.
Por eso, las organizaciones deben considerar tres dimensiones: la residencia, que indica dónde se almacenan físicamente los datos; la jurisdicción, que determina qué legislación puede aplicarse; y el control operativo, relacionado con quién administra los accesos, las llaves de cifrado y las tareas de soporte. Almacenar información en el extranjero no es necesariamente ilegal o inseguro, pero exige conocer las condiciones del servicio y evaluar sus riesgos.
En Chile, el tema adquiere especial relevancia ante la futura entrada en vigencia de la Ley 21.719 de Protección de Datos Personales. La normativa crea la Agencia de Protección de Datos Personales y establece nuevas disposiciones para el tratamiento de información, incluyendo las transferencias internacionales. Esto exigirá que las empresas presten mayor atención a cómo circulan los datos entre proveedores, plataformas y países, y a los mecanismos que respaldan esas operaciones.
No tener claridad sobre estos procesos puede generar incumplimientos regulatorios, exposición de información sensible y dificultades para responder ante incidentes de seguridad. También puede afectar la continuidad operacional: una organización necesita saber si cuenta con respaldos adecuados, cuánto demoraría en recuperar sus datos y qué alternativas tendría si su proveedor enfrenta una interrupción o deja de prestar servicios.
Frente a este escenario, SoftwareOne recomienda que las empresas mantengan un inventario actualizado de sus datos, identifiquen dónde se almacenan y clasifiquen la información según su sensibilidad. También deben revisar la legislación a la que está sujeto cada proveedor, controlar quién tiene acceso, verificar los mecanismos de cifrado y conocer qué empresas subcontratadas participan en el procesamiento de la información.
